La creciente opacidad del ordenamiento jurídico, motivada por su inflación, que está ligada a los constantes cambios políticos, su escasa calidad técnica, la aceleración de los cambios sociales en un contexto globalizado y en permanente transformación y la crisis económica mundial iniciada en el año 2008, han propiciado en el ámbito de la contratación bancaria con consumidores, además de un sistema jurídico muy dinámico y difícil de asimilar, el protagonismo judicial, una deriva hacia una justicia voluntarista y populista (activismo judicial) y el colapso de nuestros tribunales como consecuencia de una litigación en masa basada en criterios empresariales y en la transformación digital de las firmas legales.

La aspiración a la justicia es una aspiración deseable de la tarea judicial, pero ese encomiable objetivo no puede, sin embargo, transformarse en un criterio subjetivo para la interpretación y aplicación del ordenamiento.
Cierto es que las leyes deben interpretarse de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, pero atendiendo fundamentalmente su espíritu y finalidad (art. 3.1 CC) y con absoluto respeto de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, y, entre ellas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que tiene encomendada en nuestro sistema judicial la función nomofiláctica o de depuración y la función uniformadora, ambas con vocación de permanencia y predictibilidad.
Un sistema normativo, además de tener calidad, debe ser claro, estable y predecible, es decir, su interpretación por los tribunales ha de ser inequívoca, uniforme y con vocación de permanencia. Las resoluciones judiciales contradictorias profundizan el déficit de legitimidad que la Justicia sufre en la opinión pública y desincentivan la inversión, que requiere unas reglas del juego bien definidas y cuya interpretación y aplicación no pueda ser modificada con carácter retroactivo a relaciones jurídicas nacidas en el marco regulatorio modificado o reinterpretado.
El principio de seguridad jurídica, garantizado en el art. 9.3 CE, es un factor clave para el progreso de un país porque está indisolublemente unido a la confianza y a la inversión, especialmente extranjera. Uno de los principales condicionantes del “riesgo país” es su seguridad jurídica. Un ordenamiento seguro es, además, un ordenamiento competitivo, atractivo para la inversión y amistoso para los negocios.